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viernes, noviembre 20, 2020
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Respeto al sector privado: clave para un emprendimiento posible en Cuba

Son muchas las cosas que convienen cambiar en Cuba. El modelo económico y social comunista acumula tal cantidad de anomalías que la idea de promover una profunda transformación del mismo se hace cada vez más generalizada entre investigadores y observadores.

Los únicos que se niegan a abandonar su zona de confort ideológica son los dirigentes cubanos, cada vez más aislados en su capacidad para hacer frente a todos los problemas que se acumulan. Uno de los más recurrentes, y en teoría más sencillos de solventar, es el que tiene que ver con la forma de gestionar los asuntos públicos por parte de la administración estatal.

Con casi el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba concentrado en gastos del presupuesto estatal y con el régimen de propiedad de los activos de producción en manos del estado, sería necesario que el sector público en Cuba desplegase armas distintas a las que actualmente desarrolla.

Una de las líneas que debe mejorar cuanto antes es la atención al sector privado. El incremento de actividad, empleo y producción en este sector, sometido a un rígido control por parte del poder político del estado, es un reto a la gestión pública, que necesariamente tendrá que evolucionar si quiere dar respuesta a las demandas.

Desde que la pandemia de coronavirus llegó a Cuba, hace ocho meses, la mayoría de los trabajadores del sector privado se han visto imposibilitados de realizar sus labores. Muchos tuvieron que entregar sus licencias y otros, ante la falta de soluciones, estiran sus ahorros para tratar de aguantar el golpe hasta que puedan arrancar de nuevo con sus negocios.

Y si difícil es sobrevivir a la coyuntura económica, no es menos cierto que los trabajadores independientes y los emprendedores se quejan del trato recibido por las autoridades. Son notorios el deficiente funcionamiento institucional, la irresponsabilidad y la excesiva burocracia.

Desde entonces el sector privado ha pedido el acceso a un paquete de rescate que incluya créditos preferenciales y ha solicitado autorizaciones para importar y exportar sin pasar por el Estado. Todo sin éxito, ya que el Gobierno solo ofrece la incorporación a puestos estatales u otras soluciones inaceptables para los trabajadores por cuenta propia. No es esta la cultura de una administración pública poderosa que debe estar al servicio de todos los ciudadanos.

Este proceder describe un modelo de cultura jerárquica, despegada de cualquier interés en atender las necesidades sociales, que caracteriza al régimen de la Isla. Sin embargo, ha llegado la hora de ir modificando esas pautas. Lo raro es que, en la Estrategia, o en tantos documentos elaborados por el régimen para la actualización del modelo económico y social, nadie hable de la necesidad de profesionalizar y mejorar la gestión pública, que no es más que dar solución a esas prácticas que crean rechazo en la mayoría de la sociedad, pero, sobre todo, en el sector privado emergente.

Frente a esta acción reivindicativa, plenamente justificada en cualquier país del mundo, la administración cubana, con respaldo político e ideológico comunista, emplea todo tipo de subterfugios y trucos para despreciar y no atender las necesidades de los emprendedores privados.

El suplicio abarca desde largas esperas hasta trámites sofocantes, pasando por informaciones ineficaces y, en muchos casos, falsas, que obligan a realizar una y más veces la misma gestión. Un buen ejemplo de ello han sido las medidas adoptadas durante la pandemia para compensar las rentas de los trabajadores pertenecientes a empresas estatales o al sector presupuestado y las que se aplicaron a los emprendedores privados.

A diferencia de lo que podría haber ocurrido, los emprendedores, que funcionan a un ritmo distinto y que, por ello, son productivos y eficientes, han empezado a denunciar, mediante quejas y reclamaciones, las desatenciones por parte de los funcionarios. Los reproches giran en torno a episodios de falta de respeto hacia los trabajadores por cuenta propia.

El gobierno cubano, que presume de contar con fórmulas de estado de derecho para que los ciudadanos ejerzan los suyos ante los poderes públicos, mira para otro lado y deja en situación de desamparo a aquellos que se atreven a quejarse. Incluso, lanzan amenazas sobre una eventual represión en forma de no concesión de licencia o confiscación de productos.

Otro gran reto ha sido el del salario. No todos los negocios cuentan con fondos suficientes para enfrentar esta circunstancia. Es una dificultad que no ha sido exclusiva del sector no estatal, y la Ley de Seguridad Social no había previsto tampoco un periodo tan largo de paralización económica.

El marco jurídico está muy lejos todavía del que necesita la economía cubana. Ciertamente, la Seguridad Social no está pensada para el sector privado, sino para el sector estatal. El hecho de que no exista un marco jurídico apropiado afecta a los encadenamientos productivos, la generación de valor, y limita el incentivo de las exportaciones.

El tema del no reconocimiento debe analizarse no solo desde el punto de vista del empleador, sino también de los empleados. El Código de Trabajo vigente en Cuba no otorga los mismos derechos al trabajador por cuenta propia respecto al trabajador estatal. Por ejemplo, en el sector estatal el trabajador tiene derecho a 30 días de vacaciones al año, mientras que en el sector privado solo se reconocen 7 días; poder disfrutar más tiempo de vacaciones depende de la voluntad del empleador. El reconocimiento de pequeñas y medianas empresas va a contribuir también a que los empleados obtengan contratos con más derechos.

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